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Nacional

Juez vuelve a confirmar prisión preventiva contra Rosario Robles

*El juez de control Alejandro Villar sostuvo que no hay otra medida idónea para el caso de la ex secretaria de Desarrollo social que la prisión preventiva justificada.

Ciudad de México. Por quinta ocasión consecutiva la justicia mexicana le negó a Rosario Robles Berlanga el cambio de medidas cautelares y confirmó la prisión preventiva justificada para la ex secretaria de Estado, acusada de ejercicio indebido del servicio público y haber ocasionado un daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos. La ex funcionaria continuará presa en Santa Martha Acatitla.

A la audiencia realizada en el Reclusorio Sur, Robles Berlanga –ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto– fue presentada con el uniforme carcelario beige. Su rostro, que al principio fue sonriente, fue enrojeciendo y su enojo fue evidente conforme transcurrió la diligencia y el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos rechazaba los argumentos que su defensa había presentado para que se le modificaran las medidas cautelares.

Casi al concluir la audiencia, Robles dijo: “Así he estado sometida y me queda claro que estoy aquí porque me llamo Rosario Robles. Yo no tengo más de 100 carros, tampoco cuentas en el extranjero ni me han demostrado el desvío de recursos a través de universidades públicas ni apareceré en los Panama Papers. Me tienen aquí por ser mujer. Soy la única (ex secretaria de Estado) que está en la cárcel aunque hay otros ex funcionarios que tenían el mismo nivel que yo, pero no han sido procesados. Si no fuera mujer, seguiría mi proceso en libertad. ¡Me llamo Rosario, Rosario Robles, y soy inocente!”

 La única posibilidad que tiene Rosario Robles para obtener algún beneficio por las acusaciones penales en su contra, relacionadas con el desvío de más de 5 mil millones de pesos cuando fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre 2012 y 2018, sería revelar a las autoridades cuál fue el destino de los recursos que se pagaron ilícitamente por obras y servicios no realizados, señalaron fuentes ministeriales.

La ex secretaria de Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta un proceso penal por ejercicio indebido del servicio público y se libró una orden de captura en su contra por delincuencia organizada, que aún no ha sido cumplimentada.

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